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Temor entre inversores y propietarios

Publicado por Calisea en marzo 17, 2020
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El Parlament de Cataluña aprobó el pasado 5 de Febrero el Decreto Catalán 17/2019, de 23 de Noviembre. Este nuevo decreto plantea dar solución a los colectivos sociales mas vulnerables al acceso de viviendas de alquiler mediante la promoción de viviendas protegidas y de la oferta general de viviendas de alquiler.

Uno de los puntos más característicos del Decreto Ley es que los grandes tenedores (más de 15 viviendas) deberán ofrecer alquileres sociales a aquellos okupas sin título legítimo que puedan justificar su ocupación con fecha anterior a 30 de Junio de 2019. De esta forma no solo no se les persigue sino que les gratifica con esta imposición a los propietarios privados. Los contratos de alquiler tendrán una duración de tres, cinco y siete años, despendiendo si el arrendador es persona física o jurídica. La inexistencia de una salida a futuro para okupas brilla por su ausencia, enquistando, aún más, una situación injusta para propietarios y okupantes que vino de forma temporal pero desde las administraciones públicas han dotado de herramientas para quedarse.

temor inversores 01

Uno de los principales pilares del estado de derecho es la propiedad privada y debe ser el estado quien ponga a disposición de colectivos de especial necesidad las viviendas de protección oficial necesarias para cubrir la demanda y no intentar cubrir la inoperancia política mermando los derechos de la propiedad de todos los ciudadanos y penalizando con este tipo de medidas.

Dentro de las medidas intrusivas se plantea la expropiación de aquellas viviendas que estén desocupadas de forma permanente y no procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago. No solo contempla el uso temporal sino también la reducción en un 50% del valor el derecho de la propiedad a favor de la Administración expropiante. En opinión de muchos expertos, esta medida es inconstitucional y no se descarta que se plantee un recurso.

temor inversores 03

Otro de los puntos que atemorizan a los promotores catalanes es que el Decreto Ley contempla, hasta el momento, la obligación de reservar para VPO el 30% de techo de uso residencial y lo fija en un 50% para promociones en municipios de fuerte demanda acreditada. También se incrementa en un 10%, situando en una 40% de estas reservas que sean en régimen de alquiler.

Inversores y promotores han reaccionado con gran revuelo y preocupación ante esta norma. Es difícil de entender desde la inversión y propiedad privada que el Decreto Ley contemple adoptar medidas para la solución de viviendas para personas en situación de exclusión residencial, trasladando el coste y los esfuerzos al sector privado y no resolviéndolo desde los recursos y entidades públicas.

El Decreto Ley pretende ser el trampolín a okupantes para regularizar una situación política que no han resuelto hasta el momento y que carece de resultados a corto plazo por no contemplar la situación de forma global y si centrándose en un colectivo, una vez más, que resurge al margen de leyes y normas ya establecidas incumpliendo medidas y obligaciones básicas de convivencias sociales.

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